Título: Los mitos de la II República
Fecha: Octubre 2011
Temas: España Guerra civil española Historia II República
Notas: Editado originalmente por Distri Maligna (distrimaligna@yahoo.es) basado en una charla de Chris Ealham.
Fuente: Recuperado el 21 de febrero de 2013 desde Distri MalignaEl siguiente texto queda recogido de la charla «Los mitos de la II República: reforma y represión, y reforma como represión», que el historiador inglés Chris Ealham dio el pasado sábado 30 de abril de 2011 en el Local Anarquista Magdalena (Madrid). Quien ha transcrito de forma resumida la charla, acudió con sumo interés a esa charla con vistas a desmontar aquella aureola montada por la izquierda en torno a este régimen, que no deja de legitimar el sistema actual contra el que luchamos. Rogamos máxima difusión a este texto.
Este folleto ha sido editado por Distri Maligna en Octubre de 2011 y se difunde de forma gratuita, si quieres fotocopiarlo rogamos lo distribuyas gratis o en su defecto al precio de las fotocopias.
Según Ealham, la II República no fue más que una de las múltiples resoluciones que la oligarquía española ha dado a los conflictos del Estado contra el pueblo desde su creación. La II República posee un mito en torno a su democracia en pro del interés político de ciertos sectores del liberalismo más «abierto». Sidney Tarrow, sociólogo estadounidense, tiene trabajos encaminados a analizar la represión de la «democracia» liberal que el ponente recomendó. El contexto de la mitificada visión de la República se sitúa en la «Transición» a la «democracia» (1975 – 1982/86), en historiadores liberal-progresistas surgidos bajo y contra el Franquismo en sus últimos años (Manuel Tuñón de Lara, Julio Aróstegui, Ángel Viñas, Santos Juliá...) que ven en la conflictividad de la época (atentados de ETA, intentonas golpistas militares...) una similitud con la conflictividad de la segunda era republicana (insurrecciones anarquistas, derecha golpista...), transmutándola.
La República y la Monarquía no eran equivalentes, si bien tenían semejanzas. Ello lo prueba el hecho de lxs diversxs «tránsfugas» que pasaron de componer gobiernos monárquicos a engrosar las filas de la burguesía republicana (el varias veces ministro Niceto Alcalá-Zamora, o Miguel Maura, hijo del varias veces presidente del gobierno Antonio Maura). La monarquía había entrado en una pronunciada fase de descrédito desde 1909, acentuada por la última y autoritaria fase de la Dictadura de Primo de Rivera, y buena parte del pueblo veía en la República una salida a tal aparatosa situación. Tras unas elecciones amañadas vencidas por la monarquía usando el caciquismo y la coerción, la República se proclama tras movilizaciones populares en todo el Estado que no hubieran sido posibles si el ejército, como en 1909, 1917, 1919 o en 1923, hubiera salido a la calle. José Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se negó a sacar las tropas a la calle el 14 de abril, pese a las peticiones de una minoritaria clase política (Bugallal, Juan de la Cierva...) que partió al exilio. El resto engrosó la oposición «legal» al nuevo régimen, o bien, como hemos visto, se integró directamente en él, llegando Maura a ser ministro del gobierno provisional, y Alcalá-Zamora presidente de la República entre 1931 y 1936.
El principal problema que tiene la República al nacer no es la derecha, sino la anarcosindicalista Confederación Nacional del Trabajo. En ella un sector, los «trentistas» o «posibilistas» como Joan Peiró o Ángel Pestaña (más tarde ambos integrados en el aparato republicano, el primero como ministro de Trabajo y el segundo como diputado del Partido Sindicalista en 1936) apostaban por un apoyo a la República dado su talante aparentemente «aperturista», mientras el sector mayoritario, los «faístas» propugnaban aprovecharse de los métodos de representación de la «democracia» liberal y «derechos sociales» para derribarla como un Estado burgués más que era.
Contra la CNT, antes que la violencia como bajo Alfonso XIII, se prefiere la reforma. El PSOE la ve bien, con frases como «vivan los hombres que nos traen la ley». La República posee una apariencia progresista, pero detrás posee intereses ocultos que son analizados a continuación.
Su principal auge, el culmen de la llamada «Edad de Oro del liberalismo español» se sitúa en su primer bienio, entre abril (y especialmente diciembre, tras las elecciones constituyentes) de 1931 y noviembre de 1933, cuando la derecha del Partido Radical y CEDA vence en las urnas. En ambos gobiernos, el provisional y el «social-azañista» destaca la presencia del sector más reformista y «radical» del liberalismo español (Acción Republicana, el Partido Radical Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña...) y la del socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español como fuerza principal de ambos, en especial en el segundo.
Se planteó y exhibió como una forma de quitarle el monopolio tradicional a la Iglesia católica y a la derecha, ayudándose del anticlericalismo arraigado de buena parte del pueblo harto de siglos de opresión católica, y traducido en el estallido esporádico de brotes anticlericales, como la quema de conventos del 11 de mayo de 1931. En realidad, la República quería crear nuevos vínculos entre Estado republicano y pueblo mediante la educación estatal (estatal, jamás «pública», falaz mentira arraigada de la izquierda estatista), para mejorar el control social y mental sobre la población. El aumento del índice de alfabetización y las «misiones pedagógicas» por el mundo rural fueron exaltadas como muestras del más avanzado progresismo y la inmensa ayuda altruista de la izquierda, cuando realmente sus intereses eran más estatales que verdaderamente solidarios, iniciando una destrucción del mundo rural que culminaría el general Franco. Ello explicaría la gran cantidad de dinero invertida en tal reforma.
De apariencia asistencial y de ayuda a lxs pobres campesinxs sin tierra, realmente su objetivo era un proyecto contra la crisis económica creando una pieza clave para construir un capitalismo de consumo sustituyendo a la subsistencia del agotado latifundio. En el ámbito político, creaba «campesinxs felices» que servirían de apoyo social para el nuevo Estado. En la práctica, el Instituto de Reforma Agraria no tenía recursos ni había consenso político entre la oligarquía para llevar a cabo tal reforma, viendo lxs grandes propietarixs un miedo medieval a perder sus tierras. Así pues, muchxs campesinxs emprendieron las tradicionales ocupaciones de tierras y experiencias colectivizadoras por su cuenta, en especial en la zona de Extremadura, que con frecuencia eran reprimidas a disparos por la Guardia Civil, como siempre había estado, al servicio del poder burgués. Son destacables hechos que acabaron con ríos de sangre, como los sucesos de Castilblanco (Badajoz) el 30-12-1931, en los que se dio muerte a cuatro guardias civiles una vez mataran éstos a un vecino del pueblo (dato que la prensa del momento tendió a obviar); los archifamosos sucesos de Casas Viejas, en enero de 1933, en el contexto de una fallida insurrección anarquista, dejando más de una veintena de campesinos muertos y un posterior juicio contra los detenidos al año siguiente; la interesadamente desconocida matanza de Yeste (Albacete), ocurrida el 29 de mayo de 1936, bajo el gobierno del Frente Popular, y que se saldó con 17 campesinos mortalmente tiroteados y más de 30 heridos; y las colectividades agrarias surgidas tras el fracaso de la sublevación del 18 de julio, a las que la República terminó boicoteando, reprimiendo y encarcelando o fusilando a la mayoría de sus destacados personajes en el verano de 1937.
Emitidas por el ministro de Trabajo entre 1931 y 1933, Francisco Largo Caballero, líder del «sector radical» del PSOE y secretario general de la UGT, sindicato adscrito al PSOE que había servido de base sindical a la dictadura de Primo de Rivera bajo el patrocinio de Largo y su proselitismo de los «comités paritarios» del régimen militar. Las leyes están encaminadas a apoyar a los sindicatos legales y adeptos al sistema, en especial al suyo propio, y jamás al anarcosindicalismo. Estas leyes, pues, criminalizan la acción directa tan empleada por la CNT en los conflictos laborales, así como se establecen jurados mixtos de patronxs y obrerxs para resolver conflictos. En el bienio 1931 – 1933 vuelven a repetirse roles de juego sucio sindical usados por la patronal a finales de la Restauración, en esta ocasión directamente usados por el Estado. Inéditamente militantes de los «sindicatos amarillos» que habían roto huelgas, apalizado e incluso asesinado a cenetistas en Cataluña entre 1914 y 1923 durante los llamados «años de plomo» pasan a militar sin ningún problema en la UGT, protagonizando una vuelta al pistolerismo, a la coerción física y al abuso de poder patrocinada de nuevo por el Estado. Varias decenas de militantes obreros, en especial de la CNT, caen ante las balas de los nuevos pistoleros, respondiendo igualmente ellxs a la nueva ola de terrorismo de Estado.
A la vez que se destacó su labor reformista por encima de todo, la República emitió diversas leyes ignoradas a propósito por la historiografía liberal orientadas a la defensa del Estado por métodos poco ortodoxos, cuando no inconstitucionales.
Ley de Defensa de la República:
Aprobada en octubre de 1931, Azaña dijo de ella que era una «ley fundamental para consolidar la República» . Se trata de una ley preventiva, no para reprimir, sino para «evitar que el peligro nazca». Restringe la libertad de expresión so pretexto de ser usada para atacar a la República. A su amparo se confiscaron periódicos, taparon artículos de éstos, se cerraron sedes sindicales de la CNT por sus labores políticas (acción directa, prensa, piquetes...). La derecha, pese a lo que intentó exponer la historiografía franquista, fue la menos damnificada por esta ley en el primer bienio (bajo el gobierno del Frente Popular ya se cargaría contra Falange), siendo principalmente aplicada contra el anarcosindicalismo y el marxismo revolucionario del Bloque Obrero y Campesino. Realmente lxs monárquicxs no se quejaron mucho ni de ésta ley ni de otras orientadas hacia la represión, pues les convenía como clase burguesa en muchas ocasiones en pro de frenar o atemperar las reivindicaciones obreras (y a lxs más «radicales» dentro de su bando, como a Renovación Española o la Falange), y además porque se repetían acciones represivas que habían hecho ya ellxs bajo Alfonso XIII, y que tanto habían criticado la por entonces oposición republicana.
Esta ley fue aplicada para realizar las célebres deportaciones totalmente ilegales e inconstitucionales de anarquistas a África, como las que sufrieron los recalcitrantes militantes libertarios Buenaventura Durruti, los hermanos Francisco y Domingo Ascaso... hasta llegar a un centenar en 1932, tras la fracasada insurrección de enero del mismo año, a bordo del tristemente célebre barco-prisión Buenos Aires, hecho que fue inmortalizado por el cantautor libertario Chicho Sánchez Ferlosio en su canción Destierro.
Ley de Orden Público:
Sustitución mejorada en 1933 de la ley anterior. Es más draconiana, hasta el punto de poder suspender la Constitución del 9 de diciembre de 1931, paradigma del republicanismo progresista, en caso de verse necesario, como ante una insurrección anarquista, como de hecho ocurrió en varias ocasiones. Aplicada con demasiada frecuencia en huelgas hasta noviembre de 1933, que, con la victoria derechista en las elecciones, irónicamente éstxs la aplicarían contra la izquierda, su creadora, visible en la represión que siguió a la insurrección de octubre de 1934.
Ley de Vagos y Maleantes:
La historiografía «izquierdista» ha procurado desde hace décadas ocultar la autoría republicana de esta ley y achacársela una y exclusivamente al Franquismo, cuando este régimen sólo la modificó para añadir a lxs homosexuales entre sus perseguidxs en 1954, basándose de todo su repertorio republicano previo. Esta ley fue creada en 1933 para acabar con lxs llamadxs «parásitxs sociales» traficantes de drogas, pequeñxs delincuentes, prostitutas, vagabundxs o gentes sin trabajo, proxenetas, mendigxs...). Pero no buscaba perseguirlxs, pues ya estaban condenados por el Código Penal de 1932, sino añadir a la legislación la categoría del «estado de peligrosidad», una nomenclatura ambigua que establecía la posibilidad en potencia de cometer un delito a un individuo por el mero hecho de pertenecer a un determinado sesgo social marginado. Su arquitecto fue el «socialista» Luis Jiménez de Asúa, uno de los redactores de la Constitución de 1931, que la introdujo con un halo «progresista» de mejora en la legislación social y en la seguridad colectiva, para así calar mejor, suponiendo un salto cualitativo en cuanto a represión estatal.
Para la aplicación de esta ley fueron creados campos de concentración de los que a propósito nos ha quedado poca información. En ellos, bajo unas condiciones dignas del contemporáneo campo de Dachau cuyos creadores, los nazis, tanto fueron criticados por la oligarquía republicana, lxs reclusxs trabajaban y pasaban hambre, muriendo muchos de ellos. Llegó a haber unos tres o cuatro levantamientos en los campos, auspiciados todos por el anarquismo. Entre ellos cabe destacar el desaparecido Castell de Figueras, última residencia del gobierno republicano en Cataluña en febrero de 1939, que fue dinamitado por el Ejército Popular Republicano al ser abandonado, con mucha documentación en su interior. De nuevo por ironías del destino la derecha utilizó esta ley contra sus propixs creadorxs, pues éstxs a su vez la utilizaban contra gente de «aspecto sospechoso», en especial obrerxs desocupadxs que buscaban trabajo, o se hallaban en su día libre, y en especial contra «rebeldes sociales», destacando entre éstxs últimxs libertarixs exiliadxs de las dictaduras de Italia y Argentina carentes de papeles. También era común usarlo contra militantes de la CNT mientras pegaban carteles, hacían pintadas o repartían panfletos. Durruti y Ascaso fueron detenidos acusados de «vagabundeo» en 1933 en Andalucía mientras hacían campaña sindical, pese a haber ido con el total permiso de sus jefes del trabajo.
Al igual que había deseado el conservador y centralista presidente de la I República (1873) Emilio Castelar, la burguesía liberal española pretendía realizar una «República del Orden», pues sin orden no había lugar para tal democracia. Se basaban en el razonamiento de «si la monarquía era el desorden, la República tiene que ser el orden». Companys desde el mes de abril de 1931 ya pedía disciplina entre sus militantes catalanistas, sin desear mostrar debilidades políticas aprovechables por la oposición.
La estructura económica y la política económica de la II República fueron intactas a las usadas por la burguesía decenios antes, y en buen grado imitadas por Franco en la medida en que su situación internacional lo permitió. Políticamente, en efecto la II República fue la primera experiencia realmente «democrática» en el Estado español tal y como la entendemos ahora, con derechos sociales, integración femenina, parlamentarismo... y por tanto el primer gran paso para establecer efectivamente el control social digno de la «democracia liberal». El incremento del Estado puede verse en el aumento de la plantilla funcionarial (de la que el 97% el 18 de julio de 1936 se sublevó, engrosando las filas del futuro Estado franquista, y sus hijxs las del actual), pero especialmente en la plantilla policial: mantenimiento de la Guardia Civil (integrada aún más en el sistema como Guardia Nacional Republicana en la guerra civil, principal represora de ocupaciones agrarias y motines rurales), Guardia de Asalto (genuinamente republicana y experta en la ejecución de detenciones políticas, desalojos urbanos y represión de disturbios y manifestaciones, el antecedente directo de lo que sería la Policía Armada franquista, y su directo sucesor, el actual Cuerpo Nacional de Policía), incremento de los cuerpos policiales ya existentes (municipales, locales, Mossos d’Esquadra...) y creación de otros nuevos bajo la coyuntura bélica (la Ertzaina, creada por el gobierno vasco del Partido Nacionalista Vasco de octubre de 1936, para evitar una revolución social en Euskadi y normalmente usada contra la población urbana cuando ejecutaba partidarios de Franco o prisionerxs del Ejército Nacional).
En los últimos años, muerto el dictador y llegando un renovado PSOE a la presidencia del gobierno, hemos visto una frecuente propaganda mitificadora de la II República, y con deseos de establecer una III. Comentarios como el de Zapatero hace seis años que decía «tenemos un rey muy republicano», o estatolatrías republicanas como la del diario Público en el reciente LXXX aniversario de la proclamación de la República, amén de la respectiva manifestación anual y las continuas pancartas añorantes de dicho régimen en pro de hallar crédito político sobre una población políticamente poco pero suficientemente consciente como para votar por un partido u otro o enarbolar una bandera u otra, nos hacen ver que los mitos de la II República han calado en buena parte de la izquierda, tanto burguesa como marxista, logrando con ello una respectiva desmovilización y una aceptación indirecta del sistema, ese mismo sistema que en los convulsos finales de los años 70’ supo integrar la herencia física directa de la oligarquía franquista con las ideas aperturistas, reformistas, integradoras y desmovilizadoras de la II República, para dar pie a un sistema político cuyo pilar, la Constitución de 1978, debe buena parte de su cuerpo teórico y su actual permanencia a una mitificación de la supuesta» democracia» liberal del pasado, de la que la II República es su más vistoso y eficiente estandarte.
3 de mayo de 2011, 74º aniversario del inicio de los Sucesos de Mayo en Barcelona.